El gobierno eliminó por decreto un fondo fiduciario de casi $15.000 millones para protección de bosques nativos por supuestas “falencias”, informó La Nación.
Por decreto y en una medida en que se incluyeron varios fondos fiduciarios, la administración de Javier Milei eliminó el destinado a la “Protección Ambiental de los Bosques Nativos” (Fobosque).
Fobosque tenía para este año $14.710 millones, el mismo monto que en 2023, más los intereses generados por esos recursos.
En el decreto de Milei, que lleva el número 888, se consigna que “en el caso del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque), previo a la transferencia al Tesoro Nacional de las sumas resultantes, corresponderá la aplicación de las sumas de dinero de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley N° 26.331″. Es la norma de protección de los bosques nativos.
Respecto de los fundamentos de la medida, el decreto consignó que “del Informe de Auditoría realizado al efecto por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) surgen importantes observaciones respecto del desenvolvimiento del referido Fondo”.
“Que, entre otras cuestiones, en dicho Informe se señalaron deficiencias en los registros utilizados que dificultan el seguimiento de las actuaciones y falencias que afectan a los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN) originalmente aprobados”, dice el decreto.
Agrega: “Que, asimismo, del aludido informe surge un déficit de capacidad institucional y logística de las jurisdicciones para informar y evidenciar la efectiva aplicación de los fondos, junto con la inexistencia de informes de gestión, estadísticas e indicadores y la inexistencia de un Manual Operativo”.
Cofema
Ya hace unas semanas, desde el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) alertaron sobre la necesidad de “defender y reforzar la importancia de mantener el fideicomiso”.
También unas 25 entidades ambientales se expresaron en el mismo sentido. Alertaron que se pone en riesgo el control de los desmontes ilegales e incendios forestales que hacen las provincias.
El Gobierno, que tomó la medida con el argumento de la ley bases, señaló, entre otras cosas, que se observaron “falencias”.
“Enorme perjuicio”
Hace unos días, la ministra de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, María Inés Zigarán, planteó que una eliminación del fondo provocaría “un enorme perjuicio a las provincias y a beneficiarios de la Ley de Bosques que mantienen bosques nativos y reciben una compensación por los servicios ambientales que estos prestan”.
La funcionaria, que fue presidenta del Cofema tres períodos, subrayó que “esto representaría un retroceso en la política de conservación de los bosques nativos que hoy, en el contexto de la crisis climática, es una de las más urgentes, prioritarias y necesarias”.
Dejó en claro que existe una “gran preocupación” en todas las provincias.
La medida adoptada por el Gobierno no sorprende porque ya se venía barajando la posibilidad y, además, porque es pública su posición de rechazo a las políticas que tratan de frenar el cambio climático, tema que ni siquiera mencionó en su última presentación ante Naciones Unidas.
El fideicomiso había sido creado en 2018 a través de la ley 27.431; funciona en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Se estableció que las partidas presupuestarias “no podrán ser inferiores al 0,3%” del total; 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal.
Y también procedentes de préstamos y/o subsidios que específicamente sean otorgados por organismos nacionales e internacionales, además de donaciones, ventas de servicios y o publicaciones.
Ya hace unas semanas, desde el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) alertaron sobre la necesidad de “defender y reforzar la importancia de mantener el fideicomiso”.
Presupuesto 2025
El proyecto de presupuesto 2025 que empezaba a tratarse en el Congreso le asignó al fideicomiso $9090 millones y al Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos un monto de $909,09 millones.
Desde Greenpeace remarcan que esos montos son “apenas al 2,5% de lo que debiera destinarse para la protección de nuestros bosques, si la ley se cumpliera correctamente”, una situación que se viene repitiendo hace varios años.
Ese fiduciario permitía administrar los fondos destinados a la Ley de Bosques Nativos, tanto los que se destinan a las autoridades locales de aplicación, como los que financian las compensaciones a las personas titulares de las tierras en cuya superficie se conservan bosques nativos (artículo 35, Ley 26.331).
También fondeaba el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos implementado por la autoridad nacional de aplicación.
Foto: Gentileza La Nación.
