(Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011). La confluencia de factores adversos “desestimulan” la inversión forestal, afirmó Edgardo Cardozo, gerente de la Sociedad de Productores Forestales (SPF), al matutino El Observador. Cardozo señaló como dificultades principales el aumento de los costos de mano de obra, flete y combustible, los malos precios, la escasa demanda en el mercado internacional y los cambios en el marco jurídico. Un fiscal uruguayo pidió la nulidad del contrato que Arauco y Stora Enso firmaron con el Estado vecino por el proyecto Montes del Plata, que prevé construir una planta de celulosa en Conchillas, en el departamento de Colonia.
Uruguay, erigido en los últimos años como ejemplo foresto industrial por la captación de inversiones y el crecimiento de su masa crítica maderera, sufre un proceso en el que el aumento de costos, las dificultades en los mercados y nuevo impuesto a la tierra conllevan una supuesta falta de estímulo a las inversiones, indicó El Observador.
Por su parte, un fiscal uruguayo pidió la nulidad del contrato que Arauco y Stora Enso firmaron con el Estado vecino por el proyecto Montes del Plata, que prevé construir una planta de celulosa en Conchillas, en el departamento de Colonia, a unos 200 kilómetros de Montevideo. La inversión estimada del proyecto es de US$ 2.000 millones, señaló La Tercera de Chile.
El año pasado el vicepresidente ejecutivo de Arauco, Matías Domeyko, y el estado uruguayo firmaron un contrato de inversión -el primero en su especie- que le da a la firma beneficios, entre ellos la excepción del pago de impuesto a la renta de la actividad industrial.
Para el fiscal Viana, el compromiso firmado entre las partes es "inconstitucional". La polémica comenzó con la discusión del potencial impuesto a la tierra. Según Viana, si este nuevo tributo fuera aprobado, el Estado tendría que compensar a Montes del Plata. En el recurso presentado en Uruguay el fiscal indica que "el Estado se desprende o se despoja de sus poderes, de su supremacía soberana, subordinándose a las obligaciones de un contrato de derecho privado. Hay pues una huida o evasión del Derecho Publico Nacional".
Retomando lo planteado desde SPF, Cardozo dijo que hay un conjunto de cambios jurídicos que desestimulan las inversiones: el cambio en los suelos de prioridad forestal, la ley de sociedades anónimas, el cambio en el régimen impositivo “y ahora el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR)”.
El ICIR, a estudio legislativo, “perjudica fuertemente al sector, no sólo por el pago adicional para quien tenga mas de 2.000 hectáreas, sino porque el artículo 12 habla de un impuesto a la enajenación de los campos y eso hace que se cobre dos veces la valorización de la tierra, por el incremento por el ICIR y nuevamente el día que se vende para juntarse con el dinero para dedicarse a otra cosa. Ése es un claro desestímulo”, agregó la fuente.
Cardozo entiende que “hay una cantidad de medidas que han logrado poner signos de interrogación a la claridad en la promoción de inversiones”, medidas que “atentan contra el espíritu de atraer inversiones” y que no contribuyen “a colocar al país en primer lugar en tecnología y en diversificación productiva”.
A ello se añade que existe un marco internacional “bastante adverso”. Cardozo comentó que “los precios de los productos de la forestación son los peores. La crisis frenó la demanda. La industria de la construcción en Estados Unidos no se recuperó. Además, caen los precios de la celulosa, que se sigue exportando sólo porque la cadena forestal uruguaya es muy eficiente, siendo clave tener la industria tecnológicamente mas moderna del mundo (por UPM Forestal Oriental)”.
En lo interno hubo “un brutal aumento del precio del gas oil” y otro “muy grande” de la mano de obra y de los fletes. Estos tres costos son, generalmente, el 80% de los gastos productivos. Dos señales concretas del mal momento son que Urupanel se vendió y se declaró en concordato y que Weyerhaeuser detuvo la producción por la caída de la demanda.
Fuentes: El Observador (Uruguay) / La Tercera (Chile).
