Representantes de la Mesa de Tierra de las comunidades indígenas salteñas buscan llegar a un consenso con los madereros sobre las tierras y la actividad forestal. Por otra parte, autoridades del Gobierno provincial informaron a este medio sobre el resultado del estudio de impacto ambiental acumulado y afirmaron: “Salta apuesta a una política forestal agresiva para los próximos 20 años”.
Diez comunidades de la etnia wichí exigen que le Gobierno salteño regularice los títulos de propiedad sobre la tierra. Sólo cinco de ellas lo tienen. En la imagen, mapa de Salta coloreado en rojo, amarillo y verde de acuerdo a la Ley 7.543 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la Provincia de Salta, que cumple con la ley “Bonasso”. Cada color permite determinadas actividades de acuerdo al valor de conservación de los bosques. El verde (1,5 millones de hectáreas) predomina al sudeste de Salta, en el límite con Chaco, en su mayoría en el departamento de Anta, y en menor medida en el departamento Rivadavia.
Por otro lado, madereros salteños piden trabajar. “Hoy (por el 24 de agosto) sigue paralizada la actividad. La Corte Suprema ya se expidió sobre nuestra presentación rechazando el pedido de ambientalistas. Dijo que nuestra actividad es sustentable. Nosotros extraemos madera nativa con guías forestales y con una cantidad de estudios previos, pero todavía no nos dejan volver a trabajar”, le dijo a Desarrollo Forestal Daniel Briones, presidente de la asociación maderera salteña APROFICSA.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación diferenció en el fallo S. 1144. XLIV. del 11 de agosto los conceptos de “tala” y “desmonte” del concepto de “aprovechamiento forestal”, y que suspendía la prohibición de intervenir en el terreno al “haber sido presentado el estudio de impacto ambiental acumulativo requerido por esta Corte el 26 de marzo de 2009”.
“La realidad es que operativamente estamos paralizados. Falta materia prima. En alguna medida se está trabajando, pero a menos del 15 por ciento del potencial. Solamente trabajan quienes tenían stock. Se han caído clientes, proveedores, todo", señaló Briones.
Situación comprometedora
La situación de las comunidades indígenas y de los madereros en Salta es muy comprometedora para las autoridades de la provincia. Unos exigen enérgicamente que el Gobierno regularice las tierras con títulos de propiedad. “En Salta sólo existen cinco comunidades con título de tierra. Los sojeros se han ido adueñando de todas las tierras hasta dejarnos en una orilla de la provincia. Vivimos de las artesanías y la caza y no nos dejan pescar porque dicen que es un comercio. Deberían respetar nuestra forma de vida”, le dijo a Desarrollo Forestal Miguel Montes, salteño de la etnia wichí. En tanto, los madereros piden que se levante la medida cautelar sobre la prohibición para la tala y el desmonte, puesto que la falta de materia prima en los aserraderos, mueblerías y en todas las tareas vinculadas paralizó la actividad del sector.
Antes de que la Corte Suprema de Justicia suspendiera la tala y el desmonte de todos los permisos autorizados en el último cuatrimestre de 2007 al Gobierno kirchnerista de Juan María Urtubey, la comunidad wichí presentó en la primera audiencia pública del año sobre bosques un amparo contra la tala indiscriminada debido a que el desmote de un millón de hectáreas en esa zona podría afectar sustancialmente a la geografía de toda la región. En ese amparo, que se presentó el 18 de febrero, 10 comunidades wichís denunciaron que entre 2004 y 2007 hubo masivas autorizaciones para llevar a cabo el desmonte y la tala, debido a que durante esos años se presentaron 195 solicitudes, de las cuales la Secretaría de Medio Ambiente provincial avaló 191 por un total de 807.509 hectáreas de bosque nativo.
En diálogo con Desarrollo Forestal Miguel Montes, de la etnia wichí, explicó que la Corte “suspendió la tala y el desmonte en toda la zona del reclamo, pero ahora traen madera de algarrobo de Formosa. La situación es muy preocupante porque nos estamos enfrentando entre los hermanos criollos. Nos vamos a reunir con la Mesa de Tierra para analizar el mapa de ordenamiento territorial que presentó Ambiente. Estoy muy preocupado porque los representantes madereros querían juntarse para pedir que se libere la tala en todo el territorio. Necesitamos que el Gobierno nos regularice las tierras y nos tenga en cuenta”.
A modo de resguardar el reclamo de las comunidades originarias, el Gobierno salteño emitió el 3 de julio el Decreto de Necesidad y Urgencia 2789/09 que establece en carácter precautorio la imposibilidad de talar en tierras de categoría II (amarilla). La medida fue sancionada en el marco de la Ley de Emergencia Aborigen 26.160, que declara en el artículo primero la “emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por las comunidades indígenas originarias del país por el término de cuatro años”. Además, en el segundo artículo acuerda “la suspensión de las sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1º por el plazo de vigencia de la emergencia declarada”.
El argumento utilizado para sancionar la modificación de la Ley de Emergencia Aborigen 26.160 antes de su vencimiento fue “en virtud de que aún no se han completado las tareas de censo dispuestas en la misma ley. Entonces, para evitar situaciones de incertidumbre en las comunidades indígenas originarias, es que creemos conveniente considerar la prórroga de los plazos antes de su vencimiento. La norma original garantiza derechos a las comunidades indígenas. Y en esta misma línea es que queremos preservar los derechos acordados. El derecho a la tenencia de la tierra, en el que avanzara la reforma constitucional de 1994, es un programa inconcluso si no hay un verdadero y eficaz relevamiento del estado de cosas para saber qué falta por hacer.
Así, si bien INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) tiene plazo hasta este año para finalizar el censo, que es la base de la política establecida en los artículos restantes de la norma base, estamos previendo que pueda extenderse el plazo por si no se llegara a concluir en este ejercicio”, según lo establece en la solicitud de prórroga la diputada nacional Maria Carolina Moisés.
“El problema es que el sector del norte fue desplazado en estos últimos 6 meses como proveedor en muchos circuitos y reactivarlo, ahora, significa tener que crear un Plan de Contingencia. Además, hay empresas que por lo avanzado del año no pueden hacer las inversiones en caminos porque falta poco para el inicio de las lluvias, otras están fundidas, otras paradas hace cuatro meses, y así muchas situaciones diferentes”, volvió a sostener Briones al ser consultado por este medio.
Por ese motivo, el mismo día las autoridades de la provincia accedieron a reunirse con los representantes madereros en la Casa de Gobierno de Salta. En ese ámbito, los referentes del sector forestal presentaron un petitorio al mandatario provincial solicitando, entre otras cosas, la renuncia del ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julio Nasser.
Foto: Gentileza SAyDS.
Más información en Desarrollo Forestal impreso de agosto (Año XVIII, número 178).
