La Legislatura salteña aprobó el 7 de julio el mapa de ordenamiento territorial. Fue después de que la Corte suspendiera, entre el 26 de marzo y el 26 de junio, el desmonte en tierras autorizadas en el último cuatrimestre de 2007. Se presentó el estudio ambiental requerido, pero la Corte mantuvo la suspensión de tala en suelos reclamados por comunidades aborígenes. En la imagen, selva pedemontana propiedad de Forestal Santa Bárbara SRL.
La Legislatura salteña aprobó el 7 de julio el mapa de ordenamiento territorial de la provincia, una condición que fijó desde diciembre de 2007 la Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales para la Protección de los Bosques Nativos Nº 26.331, más conocida como "Ley Bonasso". El ordenamiento territorial y presentar un estudio de impacto ambiental acumulado en zonas aprobadas para desmontar eran los requisitos que fijó el máximo tribunal de Justicia para dar vía libre a permisos de desmnonte autorizados por la provincia en el último cuatrimestre de 2007. Sin embargo, de todas maneras la Corte mantuvo la prohibición de desmonte en suelos reclamados por comunidades aborígenes, cuya superficie no fue precisaba. Por otro lado, productores agroganaderos salteños se mostraron disconformes con el 1,5 millón de hectáreas habilitadas para hacer cultivos y ganadería que fijó el ordenamiento territorial (ver Desarrollo Forestal impreso de julio).
Comunidades wichís denunciaron que entre 2004 y 2007 el gobierno salteño, entonces encabezado por el gobernador Miguel Romero, autorizó el desmonte de 191 predios por un total de 807.509 hectáreas de bosque nativo. Es el 42,5 por ciento de las 1,9 millones de hectáreas hoy dedicadas a actividades agrícola-ganaderas en Salta.
El próximo paso es la pronunciación de la Corte Suprema respecto del estudio presentado por el gobierno provincial y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Lo cierto es que el Gobierno salteño presentó el Plan de Ordenamiento Territorial de las Áreas Boscosas el pasado 7 de julio –que exige la ley 26.331 o “Ley Bonasso-, pero también dictó una medida cautelar que impide desmontes autorizados en sectores donde hay un reclamo.
“El Gobierno emitió el Decreto de Necesidad y Urgencia 2789/09 el pasado 3 de julio, medida que establece en carácter precautorio la imposibilidad de ejecutarse desmontes autorizados en tierras incluidas en la categoría II (amarilla), que se encuentren sometidas a reclamo formal de comunidades aborígenes. Esta medida estará vigente hasta que se defina lo ordenado por la Ley de Emergencia Aborigen 26.160”, según lo publicó el área de prensa del Gobierno salteño en el boletín oficial y luego lo corroboró a este medio la abogada del programa de legales del área del Ministerio de Política Ambiental de Salta, Elisa Rosa.
Esta situación se debe a que antes de continuar autorizando los desmontes en la zona de los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria, la Corte ordenó al Gobierno salteño realizar el estudio de impacto ambiental acumulado para garantizar las obligaciones elementales que fija la Ley 26.331 para los estados provinciales en lo que refiere a la defensa de los bosques nativos en cada territorio provincial. La suspensión de los permisos en Salta recae sólo sobre las solicitudes autorizadas en el último trimestre de 2007 y sobre las áreas que recibieron permisos después de esa fecha.
Anteriormente al estudio exigido por la Corte al Gobierno del kirchnerista Juan María Urtubey, la comunidad wichí presentó en la primera audiencia pública sobre bosques del año un recurso de amparo contra la tala indiscriminada debido a que el desmote de 1 millón de hectáreas en esa zona podría afectar sustancialmente a la geografía de toda la región. Entre 2004 y 2007, un grupo de diferentes comunidades wichís denunció ante la Corte que hubo masivas autorizaciones para llevar a cabo el desmonte y la tala, debido a que durante esos años se presentaron 195 solicitudes, de las cuales la secretaría de Medio Ambiente provincial avaló 191 por un total de 807.509 hectáreas de bosque nativo.
Madereros cuestionan
La suspensión de la Corte fue cuestionada por los representantes de los madereros salteños porque la economía de la provincia depende en buena medida de la explotación maderera y del uso de tierras que quedan libres de vegetación para el desarrollo de plantaciones agrícolas, como la soja.
Si bien un grupo de madereros de la provincia se presentó ante la Corte para solicitar que se revea la suspensión de la tala en los montes del norte salteño, el tribunal mantuvo la medida para descartar el daño que podría ocasionar el desmonte al medio ambiente.
En diálogo con Desarrollo Forestal, el presidente de la Asociación de Productores Foresto Industriales y Comerciales de la Provincia de Salta (APROFICSA), Daniel Briones, aseguró que la medida dispuesta por la Corte “paralizó totalmente a la foresto industria de la provincia, por lo que ya le informamos a la Secretaria de Trabajo que a partir del 20 de julio vamos a suspender la actividad al mínimo porque ya no hay materia prima para trabajar”.
Se deforestan en Argentina unas 300.000 hectáreas anuales, algo así como 15 veces la superficie de la Capital Federal.
Además, Briones explicó que la situación de los madereros de la provincia es “crítica” debido a que SAyDS no les permite mover madera y el mercado interno intentó satisfacer la demanda con productos de Bolivia. “Sólo en el primer cuatrimestre de este año ingresaron alrededor de 287 camiones con materia prima proveniente de Bolivia, esto equivale a 3 millones de pies cuadrados”, reveló el presidente de la asociación maderera. Además, aseguró que la foresto industria “está trabajando en Salta el 30 por ciento de su potencial” y agregó que “con la suspensión para la tala tendremos comprometida la campaña de 2010”.
Con la aprobación de la Ley 26.331, que establece la suspensión inmediata de la tala indiscriminada de bosques por un plazo máximo de un año, los estados provinciales fueron intimados a realizar en ese lapso un ordenamiento territorial interno que limite las áreas de bosques nativos para su protección. El ordenamiento aprobado por la Legislatura provincial salteña fue presentado ante la Corte el pasado 7 de julio por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable provincial, Julio Nasser y el ministro salteño de Desarrollo Económico, Julio César Loutaif.
Ordenamiento territorial
El proyecto de ordenamiento territorial establece tres categorías de bosques nativos diferenciadas por colores en un mapa. Una franja roja comprende los de muy alto valor de conservación, que no podrán ser talados. Un sector amarillo para los de mediano valor de conservación -generalmente bosques degradados, aunque aptos para restaurase, en los que sólo se puede hacer aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica-, que tampoco podrán ser sometidos a tala en la actualidad debido al decreto de Necesidad y Urgencia 2789/09 emitido el pasado 3 de julio por el Gobierno salteño. Y un sector verde, en donde se ubicarán los bosques que admiten transformación parcial o total dentro de los criterios que establece la norma (ver Desarrollo Forestal impreso de julio).
El reciente Plan de Ordenamiento, ya cuestionado por productores agrícolas (ver recuadro), presentado por las autoridades salteñas divide al territorio boscoso en tres categorías, según las posibilidades de explotación que tendrá en adelante cada sector: El primer segmento (zona roja) tendrá 1,3 millones de hectáreas, donde no podrá haber actividad agrícola de ningún tipo por su importancia para el ambiente. La segunda categoría (zona amarilla) es de 5,4 millones de hectáreas y busca el mantenimiento de la cobertura boscosa, pero con un desarrollo forestal planificado, con actividad ganadera, pero sin desmontes. La tercera categoría es la verde o de uso productivo potencial, que tendrá 1,5 millones de hectáreas incorporadas a los 1,9 millones de hectáreas que actualmente tienen actividad agrícola o ganadera, lo que da un horizonte de trabajo para veinte años a este sector.
Foto: Forestal Santa Bárbara SRL (Candlewood Timber Group).
Más información en Desarrollo Forestal impreso de julio (Año XVIII, número 177).
