Un enviado especial de Desarrollo Forestal participó el 11 de junio de la “Reunión de la Comisión Asesora de la Ley Nacional 25.080”, convocada por Secretaría de Agricultura. Participaron representantes del sector y se desarrolló en la sede de DIPROSE (Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales), ubicada en el barrio porteño de San Telmo.
Secretaría de Agricultura convocó a representantes del sector a participar el martes 11 de junio en Capital Federal de la “Reunión de la Comisión Asesora de la Ley Nacional 25.080”.
Guillermo Bernaudo, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, convocó al sector a participar del evento en la sede de DIPROSE (Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales), ubicada en avenida Belgrano 456, en el barrio porteño de San Telmo.
Fue el primer encuentro de este tipo en mucho tiempo y se habló de financiamiento, funcionamiento de la ley prorrogada y el avance de la digitalización en el trámite de expedientes.
Presentación oficial
El primer orador fue Guillermo Bernaudo, secretario de Agricultura de la Nación, quien señaló:
– “Se logró prorrogar la ley 25.080. Y, quizás, más importante fue el proceso que se dio para llegar a ese objetivo, con muchas reuniones. Fue un hito prorrogar la ley, con mejoras. La otra pata eran los recursos financieros. Estuvieron la creatividad y la búsqueda de caminos para que, a través del Seguro Verde, pudiéramos asegurar el financiamiento del cumplimiento de la ley;
– “También hemos trabajado en revisar los procedimientos. Es todo un proceso en marcha. Y esta reunión para tener funcionando la Comisión es parte de ese proceso. Queremos darle vida y una dinámica participativa;
– “Respecto de los recursos, ya estamos tramitando resoluciones de pago por $195 millones, a los que se sumarán $130 millones que seguramente se firmen en julio. Más $15 millones que se pagaron en el primer trimestre, habremos llegado a $340 millones. Aspiramos a llegar este año a pagar $650 millones. Esto no hace pensar que terminaremos este año con los planes hasta 2016 pagos en su totalidad. Además, están por salir los cálculos de costos de 2017 y 2018”.
A continuación, se presentan fragmentos de la alocución que pronunció en la reunión Nicolás Laharrague, director Nacional de Desarrollo Foresto Industrial.
– “Como dijo el ingeniero Bernaudo, nosotros nos pusimos objetivos en el año 2018. El primero era la prórroga y modificación de la ley 25.080, que se logró. Respecto de la obtención de recursos para el pago del apoyo económico no reintegrable -porque siempre la ley estuvo, de alguna manera desfinanciada-, allá por marzo o abril de 2018 se logró el instrumento del Seguro Verde (ver recuadro). Es el aporte voluntario (enfatiza) de once compañías de seguro del 1 por ciento del valor de la póliza de automotores y moto vehículos, lo cual hace que estimemos para este año un aporte de $660 millones. Eso está funcionando;
– “El tercer punto que habíamos puesto era mejorar la competitividad del sector. Ustedes saben que la Mesa de Competitividad Foresto Industrial le dio una impronta y un incentivo para el funcionamiento a la Dirección de Producción Forestal. La logística es algo clave en nuestro sector. Trabajamos con Ministerio de Transporte vías navegables, ferrocarriles y transporte de cargas, además de puertos. Hemos trabajado en construcción con madera en desburocratizar y habilitar a la madera como un sistema constructivo tradicional. Ha habido un montón de avances en ese punto”.
Tramitación de expedientes
El ingeniero Esteban Borodowski, profesional de dilatada trayectoria en la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial -y las distintas denominaciones que tuvo desde la sanción de la ley 25.080 en 1999- explicó detalles de la ejecución y la tramitación de expedientes en 2018.
– “El beneficiario de la plantación tiene un período, luego de forestar, de entre 12 y 18 meses en el caso de la ley 25.080 y de entre 10 y 24 meses con la nueva ley, para poder certificar sus actividades. En el caso de tratamientos silviculturales, con la 25.080 se podía tramitar a partir de los tres meses, y con la nueva ley tiene hasta 12 meses después de realizada la actividad. Recién ahí, una vez que el productor puso la planta, iniciamos todo un proceso.
Acá ya tenemos entre un año y medio y dos años -en el caso de plantación-, en el que también interviene la provincia, que da la aprobación de los planes, hacia las inspecciones, hacia los impactos ambientales y hacia la aprobación legal, en el caso de ser pequeños productores. Pueden pasar algunos meses o, en algunos casos, hasta dos años para cumplimentar todos los requisitos;
– “Luego, en la Dirección Nacional nosotros también tenemos nuestro propio circuito administrativo, que implica; su entrada, su evaluación técnica, su evaluación a partir del Sistema de Información Geográfica; aspectos legales -revisamos que todo esté en condiciones-, para que recién ahí vaya a un proyecto de resolución de pago.
En ese caso, pueden pasar entre seis meses a un año, y depende, principalmente, del estado de situación de los expedientes y de condiciones en que lo recibimos. Es decir, si todos los requisitos están presentados o no. Además, ustedes saben que en la administración pública todas las cuestiones económicas reciben distintos tratamientos. Por ejemplo, de la Subsecretaría de Coordinación Técnica Administrativa, de la parte de Despacho, de Dirección General de Administración, Presupuesto, Jurídico, vuelve nuevamente a Coordinación, para que recién ahí -después de haber pasado por todas esas instancias, llegue a manos del secretario para su firma.
Una vez firmado, el área de Despacho protocoliza y nuevamente hace un circuito similar por todas las áreas el proyecto de resolución firmado hasta que sale la resolución definitiva. Y ahí va a ser pagado. E interviene Coordinación Técnica Administrativa. Todo eso, sumado a si tenemos presupuesto disponible o no, nos hace sumar al proceso otro año más, como mínimo. Estamos, aproximadamente, cuatro años y medio desde que un productor pone la planta hasta que puede recibir el apoyo económico no reintegrable”.
Precisiones sobre la tramitación de beneficios fiscales de la ley
El abogado Martín Aguilar, asesor legal de la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto desde hace dos años, también habló en la reunión de Comisión Asesora:
– “Respecto de los beneficios fiscales, una de las primeras tareas que realizamos fue revisar el estado de los expedientes. Les puedo decir que, si la demora de 4 años y medio para cobrar los AENRs les parece mucho, les puedo asegurar que en el caso de beneficios fiscales es más del doble. Los planes de beneficios fiscales demoran, en promedio, ocho años para su aprobación. Los planes que hoy estamos tramitando son de 2009, 2007, 2005. Eso significa que, no necesariamente, se resuelva el otorgamiento del certificado de estabilidad fiscal. Es, simplemente, la aprobación del plan.
Es decir, gente que efectivamente había forestado y nosotros ni siquiera lo teníamos contabilizado porque el plan no estaba aprobado. Eso motivó que modificáramos todo el proceso interno de estudio y de aprobación de esos expedientes, buscando que existan reuniones permanentes de seguimiento de expedientes.
Que los beneficiarios tengan conocimiento del estado de avance de sus expedientes y que puedan ir controlando permanentemente ese avance. Les puedo decir que hay un promedio de 12 expedientes anuales de beneficios fiscales que se aprobaron en la historia de la ley” (Más información en www.maderamen.com.ar).
