(Buenos Aires, 20 de mayo de 2011). La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados analizará el 2 de junio el proyecto de ley “Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales”. Tal como fue presentado, el proyecto establece que no más de 1.000 hectáreas podrán pertenecer a personas extranjeras físicas o jurídicas. Esto complicaría a radicación de inversiones extranjeras en el sector.
Las especulaciones respecto del proyecto de ley iniciaron a principios de marzo cuando el Poder Ejecutivo Nacional anunció que enviaría la propuesta al Congreso. Cristina Fernández afirmó en aquel entonces que “no vamos a inventar nada nuevo. Brasil también lo está llevando adelante", recordando que Brasil puso en práctica en agosto del año pasado medidas que limitan la compra de tierras por extranjeros a un máximo de 5.000 hectáreas, tras tener en cuenta la valorización de los productos agrícolas y la crisis mundial de alimentos.
El anunció fue emitido por cadena nacional el 27 de abril desde Casa de Gobierno: “Es una ley sencilla, que además obviamente es perfectible, discutible como toda ley para mejorarla. No estamos cerrados a ella, con una limitante de 1.000 hectáreas para la tenencia extrajera, que luego habrá también que adecuarla de acuerdo a las zonas, porque estamos hablando de 1.000 hectáreas y no es lo mismo la región núcleo Pampa Húmeda que en el Sur o la Patagonia. Pero en definitiva también, y debemos decirlo, tenemos un profundo déficit de información acerca de cuál es el estado dominial de nuestras tierras rurales”, argumentó.
La presidente recordó que “los registros de propiedad son de carácter provincial, y por lo tanto también esta ley crea la necesidad de crear un Registro Único Nacional de Tierras Rurales en el ámbito del Ministerio de Justicia para precisamente poder tener un cuadro de situación acerca de todo esto, porque el límite del dominio extranjero es del 20 por ciento de lo que puede ser la totalidad de las tierras rurales. No sabemos si esto ya está cumplimentado o si todavía hay excedente que pueda ser objeto, por ejemplo, de compraventa con sujetos extranjeros. Esto, en el siglo XXI, siendo el octavo país del mundo y teniendo a la producción agrícola-ganadera como uno de nuestros puntales en materia económica, los argentinos todavía no lo sabemos”.
Postura de AFoA
En este sentido, la Asociación Forestal Argentina (AFoA) emitió un comunicado en el que critica a la decisión gubernamental. “AFoA comparte esa preocupación pero alerta que este proyecto puede tener fuerte impacto en el crecimiento y desarrollo del sector foresto-industrial, y con ello, impedir la creación de miles de empleos en una industria que produce bienes con materia prima renovable, reciclables, y sin impacto en el cambio climático”.
La reacción era previsible ya que la idea de que el proyecto limitará las inversiones extranjeras en el país hizo ruido entre los líderes de la oposición y los pasillos del Congreso.
“En el caso del sector foresto-industrial, el control sobre la materia prima es una condición importante para la inversión industrial. Las plantas de celulosa, papel, tableros, aserraderos de escala internacional, requieren la provisión segura de madera para su funcionamiento. Esta provisión se puede realizar tanto teniendo la propiedad de los bosques o con formas contractuales de provisión. En aquellos países con sistemas contractuales seguros y sistemas impositivos que no castigan las transacciones, las industrias tienden a separar la industria de la forestación. Esto permite concentrarse y especializarse en cada parte productiva. En el caso de Argentina se observa que las empresas foresto- industriales de capital intensivo utilizan un porcentaje alto de provisión de sus propias forestaciones para reducir los riesgos de acceso a la materia prima, asegurarse la genética y el manejo de rodales adaptados a sus necesidades industriales y además, reducir los costos de transacción vinculados”, señaló AFoA, mientras que desde la presidencia aseguran que el proyecto no afectará los derechos ya adquiridos de los dueños.
Foto: Gentileza Ministerio de Agricultura.
Más información en Desarrollo Forestal impreso de mayo (Ano XX, número 195).
