(Buenos Aires, 14 de febrero de 2011). La Fundación Vida Silvestre Argentina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y Greenpeace manifestaron en un comunicado su preocupación ante la Decisión Administrativa 1037/2010 de Jefatura de Gabinete de Ministros que dejó sin efecto la asignación y distribución de los fondos de la Ley de Bosques correspondientes a 2010. Además revelan un cuadro de distribución del fondo acordado en diciembre.
Las organización señalan que la partida presupuestaria destinada a sustanciar el “Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos” del año 2010 (cerca de $ 300 millones) fue distribuida en la Asamblea Extraordinaria de Bosques Nativos del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) el 15 de diciembre de 2010 y rubricada por la Decisión Administrativa 926/2010 del día 29 del mismo mes y año. Sólo un día después, el 30 de diciembre, y mediante la Decisión Administrativa 1037/2010, la Jefatura de Gabinete de la Nación dio marcha atrás con dicha asignación “por razones operativas”.
Frente a esta decisión, las organizaciones ambientalistas enviaron una carta dirigida al Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, manifestando su “profunda preocupación” por la falta de claridad en el manejo de los fondos.
“Sin entender ni encontrar explicaciones oficiales a este cambio de rumbo en la conformación y utilización del Fondo para la protección de los bosques y, teniendo en cuenta que varias provincias con sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos realizados ya han presentado planes de manejo forestal, y asumiendo la necesidad de las diferentes jurisdicciones de contar con un presupuesto adecuado para el control y monitoreo del cumplimiento de la Ley 26.331, es que pedimos una respuesta oficial a fin de entender cuál es el motivo de tal decisión”, afirman en la carta.
De acuerdo al artículo 31 de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, el fondo no podrá ser inferior al 0,3 por ciento del presupuesto nacional, a lo que deberá sumarse el dos por ciento del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración. Según esta normativa, los fondos deberían ascender a más de $1.000 millones.
Las organizaciones advirtieron que “la partida presupuestaria asignada para 2010 fue insuficiente y lo mismo ocurre con lo presupuestado para 2011, según lo establecido por la Ley 26.331. Llamando la atención sobre el riesgo al que se ponen los últimos bosques nativos del país por el incumplimiento de la Ley 26.331 por parte del Estado Nacional, en el Año Internacional de los Bosques, establecido bajo la Resolución 61/193 de la Organización de Naciones Unidas, es que pedimos se revea la medida adoptada bajo la Decisión Administrativa N° 1037 y asimismo, se proceda a conformar la totalidad del Fondo para la protección de los bosques nativos tal como la Ley 26.331 lo establece”.
El fondo se debe distribuir entre las provincias que sancionen por ley provincial el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos bajo los criterios de la Ley 26.331. El 30 por ciento del mismo estará destinado a fortalecer la capacidad técnica y de control de las provincias y fomentar las actividades productivas sustentables que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en los bosques, y el 70 por ciento restante tiene como objetivo compensar a los titulares de bosques nativos que realicen tareas de conservación y manejo sostenible.
Además revelan un cuadro de distribución del fondo acordado el 15 de diciembre en la Asamblea Extraordinaria de Bosques Nativos de COFEMA (Ver imagen).
El Congreso Nacional sancionó el 28 de noviembre de 2007 la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que establece la suspensión de nuevos permisos de desmontes hasta que cada provincia realice el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos en forma participativa, obliga a hacer un Estudio de Impacto Ambiental y una audiencia pública antes de autorizar un desmonte, exige respetar los derechos de indígenas y campesinos sobre los bosques que habitan, y crea un fondo para la protección de los bosques.
Fuente: Fundación Vida Silvestre Argentina
