(Buenos Aires, 2 de febrero). La primera etapa del rediseño institucional culminó el martes 26 de enero, de ahora en adelante empieza la implementación. Aún pendiente para marzo quedó la aprobación del Tribunal Ambiental, que es la instancia de apelación. Según la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, la reforma ambiental significará un cambio sustantivo en el modelo de gestión del país.
En la siguiente entrevista, la ministra destaca que a través de esa herramienta los ciudadanos podrán identificar a un único responsable de las políticas medioambientales, que estará sujeto a un sistema de rendición de cuentas y, además, las multas por su incumplimiento podrían llegar a ser de hasta US$ 8 millones.
¿Cuáles son las implicancias de la publicación de la ley que crea el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia?
El martes 26 de enero culminó la primera y más importante etapa del rediseño institucional. De ahora en adelante empieza la implementación que implica una serie de desafíos en materia normativa y de gestión. Con la publicación de la Ley 20.417 en el Diario Oficial entrarán en vigencia algunas modificaciones a la Ley 19.300 en forma inmediata, mientras que otras deberán aguardar ya sea para el funcionamiento pleno de los nuevos órganos, o bien, la expedición de reglamentaciones complementarias.
¿Cómo se materializará la fiscalización?
La Superintendencia del Medio Ambiente será un salto cualitativo en términos de fiscalización: vigilará el cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental. Será también el lugar al que se podrá acudir para instaurar las denuncias y tendrá el deber de mantener informado al denunciante del curso y resultado del procedimiento.
¿Cuáles serán las facultades del Servicio de Evaluación Ambiental?
El Servicio de Evaluación Ambiental, cuya cabeza será elegida por la alta dirección pública, nos permitirá tener un organismo especializado, que tecnificará las decisiones y disminuirá el grado de discrecionalidad.
De igual manera, cabe recordar que existe un proyecto en tramitación en el Congreso, el cual establece la creación de un Tribunal Ambiental, el que será una instancia de reclamación de las decisiones que adopte la Superintendencia pero, por otra parte, se va a hacer cargo de conocer todas las demás materias de carácter medioambiental que corresponda, como las exigencias en contra de las decisiones del Servicio de Evaluación Ambiental, las normativas del Ministerio del Medio Ambiente y la acción por daño ambiental. Sin embargo, este tribunal se establece en un proyecto separado que, según el protocolo de acuerdo, debe aprobarse en marzo próximo.
¿Cuáles son las sanciones para quienes no la respeten?
Se incrementarán significativamente las multas a quienes incumplan las normas, como elemento disuasivo. Se podrán cobrar hasta $4.000 millones (unos US$ 8 millones), de acuerdo a la gravedad de los hechos y la capacidad económica del infractor. Hoy las multas más altas en materia ambiental alcanzan solamente a $1,5 millones.
Fuente: Estrategia
