Por protestas de viveristas, al cierre de esta edición INASE aún no aplicaba una tasa por certificación de semillas y plantines. AFOME reveló a este medio que el impuesto tiene como único propósito “recaudar”, mientras que desde INASE aseguran que el objetivo “es la fiscalización del total de los plantines”. En diálogo con Desarrollo Forestal, autoridades de INASE explicaron las nuevas pautas, mientras que los viveristas dijeron por qué se oponen.
Tras varias reuniones con los viveritas, el Instituto Nacional de Semillas (INASE) intenta aplicar desde principios de 2009 un nuevo impuesto para la certificación de semillas y plantines forestales, que tiene como base la Resolución 256/99 de esta entidad. “La Certificación es un sistema que consiste en un proceso de control oficial, basado en el seguimiento de la producción desde la inscripción del vivero proveedor hasta la venta del producto”, explicó a este medio el ingeniero forestal Norberto Fernández, del área de Viveros y Semillas de la Dirección de Producción Forestal de SAGPyA.
Por su parte, los viveristas agrupados en la Asociación Forestal Mesopotámica (AFOME) –con preeminencia de pequeños viveros misioneros, aunque también los hay correntinos y entrerrianos- aseguraron que la institución pretende cobrar $0,002 por plantín, previo pago de $200 pesos por guía de transporte por una cantidad de 100.000 plantines. “La incidencia en el costo por plantín es de aproximadamente un 5 por ciento, un incremento enorme en el costo que es imposible de absorber y tendrá que reflejarse en un aumento de precio”, explicó Juan Paul, titular del vivero Paul Forestal SRL, localizado en la localidad entrerriana de Colonia Berduc, cerca de Colón.
“El objetivo -del impuesto- es la fiscalización del total de los plantines utilizados en el proceso de la ley de promoción forestal”, aseguró Fernández. Sin embargo, Paul acusó que la finalidad sólo es “la recaudación. En la empresa empleo a ocho personas y pagar ese impuesto es como si tuviera que pagarle a cuatro empleados más”. Otra fuente consultada por este medio afirmó que los impulsores del impuesto son “gente que desconoce cómo funciona la actividad. Es imposible de implementar. No tiene sentido controlar, sin presencia en el campo, desde Buenos Aires”.
Además, Jorge Pujato -secretario de AFOME- advirtió que el impuesto “no respeta la estabilidad fiscal que fija la Ley 25.080. Hay una incoherencia grave en el impuesto que quiere cobrar el INASE. Por un lado la ley 25.080 (ahora 26.432) da incentivos para las forestaciones. Por el otro, este intento de cobrar un impuesto por anticipado a cambio de nada. Además, esto está en contra del espíritu de la ley porque uno de sus objetivos es evitar impuestos posteriores que afecten la ecuación económica de la actividad”. Pese a esta acusación, Fernández asegura que la medida fue tomada “a fines de dar cumplimiento al Artículo 3 del Decreto 133/99, reglamentario de la Ley 25.080, que solicita acreditar el empleo de materiales de propagación certificados”.
Fernández aseguró que “la presentación de la Constancia de Procedencia de Material Reproductivo Forestal Certificado, para planes enmarcados en la Ley 25.080, permitirá a los usuarios y a la Dirección de Producción Forestal conocer la identidad y calidad de los recursos genéticos insumidos en el régimen de promoción forestal, como asimismo fomentar el empleo de la mejor genética disponible”.
Frente a esto, Pujato explicó a este medio que “es imposible rotular plantín por plantín, puesto que un kilo de semilla de Eucalyptus grandis normalmente tiene entre 500.000 y 1,25 millones de semillas útiles, que si se la limpia eliminado paráfisis, el número se multiplica por 6. Los viveristas en su mayoría obtienen entre 100.000 y 250.000 plantines por kilogramo. Pero el certificado dice que tienen mucho más, según la partida, entre 550.000 y 1,1 millones de semillas por kilo; así que con el certificado obtenido vía INTA y avalado por INASE por un kilogramo de esta especie se pueden legalizar hasta 10 kilogramos de semilla trucha sin problemas. Ahora bien, un forestador compra esos plantines con todos los avales, pero como acabo de demostrarlo, no tiene seguridad de nada. Y así podemos dar ejemplos con otras especies, aunque difícilmente a la escala que puede suceder con el Eucalyptus grandis”. Además, agregó que es un impuesto del 10 por ciento del valor del plantín a raíz desnuda y del 5 por ciento del de tubetes.
Foto: Archivo Desarrollo Forestal.
Más información en Desarrollo Forestal impreso de julio (Año XVIII, número 177).
