La Corte Suprema de Justicia realizó una audiencia pública por una denuncia que presentaron las comunidades wichís sobre la tala “indiscriminada” de bosques. En ese ámbito, diferentes autoridades del Gobierno nacional y salteño se reunieron con representantes de las comunidades. Ahora el máximo tribunal debe resolver sobre la medida cautelar.
En el ámbito de la primera audiencia pública del año por la tala de bosques, los abogados de las nueve comunidades wichís afirmaron ante los miembros de la Corte que sólo en la provincia de Salta, en los últimos diez años, se perdieron 12 mil kilómetros cuadrados de bosques nativos, esto es, 1,2 millón de hectáreas. La provincia de Salta tiene el 22 por ciento del reservorio total del país y de mantenerse esa tendencia, los bosques nativos se perderían en forma total en los próximos 60 años.
Los bosques nativos salteños en discusión se encuentra aledaños a la ruta nacional 86, que es un ancho camino de tierra ubicado en el norte de la provincia, comienza en Tartagal y, 170 kilómetros después, finaliza en la frontera con Paraguay. En esa región, el monte nativo y los pobladores originarios sobreviven a ambos lados de la ruta. Además, es la zona más preciada por los grupos sojeros y madereros por las condiciones del suelo.
La audiencia pública se realizó el miércoles 18 en el Palacio de Justicia de Capital Federal, una semana después del aluvión que destrozó la localidad de Tartagal, que según organizaciones ambientales fue originado por la tala indiscriminada. Allí, autoridades de Salta admitieron que la provincia carece de datos sobre el impacto ambiental por el millón de hectáreas desforestadas en los últimos 10 años, un tercio de ellas en el departamento de San Martín, cuya cabecera es Tartagal.
Históricamente, la defensa del monte nativo es realizada por las comunidades wichí, que resisten a base de la lucha activa. En diciembre de 2008, la Corte Suprema de Justicia ordenó el cese de los desmontes en las localidades de Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria autorizados en el último trimestre de 2007 y fijó fecha para la audiencia de las partes.
Mientras se estaba desarrollando la audiencia y momentos previos a ella, organizaciones indígenas y criollas de Salta se mantuvieron en vigilia, luego de realizar una movilización desde la Plaza de Mayo hasta las puertas del Palacio de Justicia.
Otro de los reclamos que elevaron a la Corte los representantes legales de las comunidades wichís fue la resolución de una ley promulgada el 11 de diciembre pasado por el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, e impulsada por el senador provincial Alfredo Olmedo (Departamento Anta) que habilita pasar de un techo de 1.300.000 hectáreas de desmonte a más de 4.000.000 de hectáreas. Esta situación ya había sido discutida en el ámbito de la Ley 26.331de Bosques Nativos, conocida como Ley Bonasso.
En este sentido, la ley provincial contempla deforestar lugares con un 15 por ciento de pendiente, lo cual habilita la pérdida de todo el ambiente conocido como selva pedemontana, mientras que antes de la Ley Bonasso el limite físico impuesto para la deforestación en pendientes era del 5 por ciento.
Entre 2004 y 2007, los aborígenes denunciaron ante la corte que hubo "masivas e indiscriminadas" autorizaciones para llevar a cabo el desmonte y la tala, debido a que durante esos años se presentaron 195 solicitudes, de las cuales la secretaría de Medio Ambiente avaló 191 por un total de 807.509 hectáreas de bosque nativo.
En nombre de las comunidades expuso el abogado Raúl Ferreyra, que trabaja junto con la ex defensora del pueblo de la ciudad de Buenos Aires Alicia Oliveira, y los pobladores Dino Salas y Alfredo Riera. Por el gobierno de Salta hablaron el fiscal de Estado, Ricardo Casali Rey, y el ministro de Ambiente, Julio Na-sser, mientras que el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Homero Bibiloni, lo hizo en nombre del gobierno nacional.
En la audiencia, los ministros del alto tribunal Ricardo Lorenzetti (presidente), Elena Highton de Nolasco (vicepresidenta) y los vocales Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, interrogaron largamente a los expositores, sobre todo a los funcionarios de los dos gobiernos.
Los representantes de Salta, en todo momento, insistieron en que las autorizaciones para los desmontes fueron firmadas por el gobierno anterior, encabezado por Juan Carlos Romero. La Corte reconoció esa situación, pero recordó que la continuidad jurídica del Estado hace que el nuevo gobierno tenga que responder igual por lo ocurrido.
Ahora la Corte tiene que decidir qué pasa con la medida cautelar y si asume la competencia en el tema o lo deriva a la Justicia Federal de Salta.
