Según datos oficiales, desde la sanción de la ley hasta fines de 2016 se deforestaron más de 2,4 millones de hectáreas (120 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires), informó a Boletín Curí el sitio Chaco Día por Día. El 80% de los desmontes se concentraron en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero (735.462 hectáreas), Salta (567.805), Formosa (292.710) y Chaco (288.937). Greenpeace pide una ley contra delitos forestales.
La sanción en 2007 de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, conocida como la ley de bosques, fue el acontecimiento más relevante en material ambiental en el país.
Fue la primera ley ambiental en proteger ecosistemas y en fijar un mínimo de protección para ser respetado en todas las jurisdicciones, en la que trabajaron organizaciones y agrupaciones sumado a un millón y medio de ciudadanos que se hicieron escuchar y lograron que el Congreso la sancionara. Sin embargo, aún queda mucho trabajo pendiente en la protección de nuestros bosques.
“En Argentina, la ley ha brindado una herramienta jurídica y legal para desalentar la deforestación significativamente. Sin embargo, en la actualidad, la mitad de los desmontes son ilegales. La promoción de las actividades agropecuarias, los incendios forestales y las urbanizaciones son las principales causas que han propiciado el desmonte de bosques nativos”, dijo Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace.
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Durante los últimos tres años, la deforestación disminuyó notoriamente comparado a la década previa a la ley, que tenía índices de desmonte de 300.000 hectáreas anuales. En 2014, fueron deforestadas 190.589 hectáreas; 157.947 hectáreas durante 2015; y 136.473 hectáreas en 2016.
Según datos oficiales, desde la sanción de la ley hasta fines de 2016 se deforestaron más de 2,4 millones de hectáreas (120 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires). El 80% de los desmontes se concentraron en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero (735.462 hectáreas), Salta (567.805 hectáreas), Formosa (292.710 hectáreas) y Chaco (288.937 hectáreas).
“Ya son insuficientes las multas por desmontar ilegalmente o por generar incendios de manera intencional. En la mayoría de los casos, no se reforestan las hectáreas destruidas. Esto lo posibilita, en gran parte, la complicidad de funcionarios públicos que cambian arbitrariamente los ordenamientos territoriales y otorgan licencias de desmonte en áreas que deberían estar protegidas. Por eso, necesitamos la sanción de una Ley de Delitos Forestales que penalice esta situación”, finalizó Giardini.
Chaco: casi 22 mil hectáreas de desmontes ilegales en 2017
Según detalla el informe de Greenpeace, de acuerdo al monitoreo satelital que realiza esa ONG, entre enero y octubre de 2017 en el Chaco se deforestaron 32.061 hectáreas, solo superada por la vecina Santiago del Estero por poco más de mil hectáreas. En ese contexto, precisa que del total de hectáreas deforestadas 21.882 fueron ilegales.
En el documento se describe que en el período que va del 2007 al 2013 se perdieron más de 290 mil hectáreas de tierras forestales; el número descendió a 19 mil en 2014 y comenzó a subir nuevamente en 2015 hasta alcanzar más de 28 mil hectáreas en 2016.
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Greenpeace denunció un desmonte ilegal de 9.000 hectáreas en Salta
Greenpeace documentó el desmonte que cuatro topadoras están realizando a tan sólo 10 kilómetros de la comunidad wichí Corralito, cuyas familias quedaron encerradas entre varias fincas que fueron deforestadas en los últimos años. La finca Cuchuy es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, e integrante del directorio de varias empresas de la familia Macri.
La organización ecologista recorrió nuevamente la zona, luego de haber denunciado el caso en 2014 y frenar el desmonte hasta que sus activistas fueron presos. “Somos nuevamente testigos de la impunidad con la que grandes terratenientes violan la Ley de Bosques y deforestan donde no está permitido con la complicidad de los gobiernos. Estos bosques, además de concentrar muchísima biodiversidad, son la casa, el almacén y la farmacia de varias comunidades indígenas. Destruirlos es un crimen”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
La estancia fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en las Categorías I – rojo y II – amarillo, que no permiten desmonte. Sin embargo, su dueño solicitó al gobierno provincial el cambio de zonificación de gran parte de la misma a la Categoría III – verde para poder deforestar 8.962 hectáreas (la superficie de media ciudad de Buenos Aires). La destrucción de esos bosques afectará seriamente la subsistencia de las comunidades indígenas Corralito, Cuchuy, San José, y Chaguaral, cuyas familias en 2012 denunciaron ante las autoridades salteñas que empresarios de la zona los presionan para que les permitan seguir desmontando a cambio de cederles algo de tierra. La dramática situación de las comunidades fue advertida ese mismo año por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta, que solicitó la intervención de las autoridades.
“Necesitamos que el Congreso de la Nación sancione en forma urgente una Ley de Delitos Forestales que penalice los desmontes ilegales e incendios intencionales y a los funcionarios que los faciliten”, finalizó Giardini. Greenpeace denunció que dicho proyecto de ley se encuentra demorado por la diputada jujeña María Gabriela Burgos, quien preside la comisión de Legislación Penal.
Foto: Gentileza Greenpeace.
