(Buenos Aires, 23 de octubre de 2013). Se desarrolló en el último turno de la primera jornada del evento el panel “Derribando falsos dilemas: conservación versus producción. Ley Nº 26.331 de Presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos”. Participaron representantes de las direcciones de bosques de Secretaría de Ambiente de la Nación y de Santiago del Estero, AFoA, FAIMA, REDAF y USIMRA.
El panel comenzó cerca de las 19 en el salón principal del Centro de Convenciones. A pesar de que la mayoría llevaba unas 10 hora participando en disertaciones, reuniones o exponiendo investigaciones, una 1.000 personas escucharon a los oradores del panel sobre la ley 26.331.
Inés Gómez, directora de Bosques SAyDS, estuvo a cargo de la apertura. Estos fueron los principales fragmentos de la alocución de quien es bióloga de profesión:
– “En primer lugar quiero agradecer una presencia realmente tan masiva, lo cual demuestra que no estábamos equivocados al planear esta actividad. Hemos planteado esta actividad porque nosotros, sobre todo los que hace muchos años trabajamos en temas ambientales, estamos acostumbrados a que mucha gente considere que somos los que ponemos palos en la rueda. Y si bien eso puede haber sido así cuando comenzó nuestra actividad, allá por los años ´70 u ´80, creo que todos hemos evolucionado. La sociedad ha evolucionado, reconociendo a la actividad ambiental como importante, y también los ambientalistas han entendido que, o volvíamos a la época de las cavernas o era necesario interactuar con el ambiente, viendo la forma de minimizar los impactos;
– “Hay un preconcepto sobre la ley 26.331 respecto de que es una ley para conservar, para no tocar, para no hacer. Nosotros pensamos absolutamente lo contrario: que es una ley para hacer, para intervenir positivamente en una serie de actividades vinculadas a los bosques nativos;
– “Y porque hablamos de aprovechamiento y de manejo sostenible es que solamente una de las tres áreas que define la ley es la de máxima protección. Es la llamada zona roja. De las 17 provincias con las que estamos trabajando, la zona roja abarca unas 10 millones de hectáreas en planes de conservación, lo que representa una 20 por ciento de las alrededor de 50 millones de hectáreas que actualmente están bajo planes de la ley 26.331. Algo más de 10 millones de hectáreas están caracterizadas como áreas de bajo valor de conservación, es decir, las llamadas zonas verdes. Allí se puede realizar cambios de uso del suelo. Es decir, se pueden destinar a otras actividades, como plantaciones forestales, ganadería, agricultura. Y hay unas 30 millones de hectáreas, alrededor del 60 por ciento, ordenadas como área amarilla. Es en la que se materializa la necesidad de un manejo del bosque que permita obtener un recurso financiero a todos los actores sociales vinculados a la actividad y que posibilite, además, la perpetuidad del bosque nativo. Por eso creemos que son esas áreas amarillas las que están materializando ese desafío entre producción y conservación. Es un desafío enorme en un país en el que hay una gran diversidad de ecosistemas boscosos. En ella se irá concentrando cada vez más la mayor cantidad de planes de manejo sostenible. Existen las modalidades de aprovechamiento forestal, de aprovechamiento de productos forestales no madereros, silvopastoril y los de restauración. Estas actividades pueden ser complementarias y se pueden hacer dentro de un mismo predio, siempre y cuando aseguren la perpetuidad del bosque. Se puede trabajar también en planes de restauración. Estamos trabajando en conjunto con la ley 25.080, que manejan las autoridades de Ministerio de Agricultura de la Nación, para poder hacer complementaria la aplicación de las dos leyes en los casos en lo que haya intenciones de hacer una reforestación con especies nativas, por ejemplo;
– “También estamos aplicando el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los bosques nativos, una experiencia única en América latina. Es decir, el Estado nacional aporta anualmente fondos a las provincias que hayan cumplido con dos requisitos que plantea la ley: primero, el ordenamiento territorial de los bosques, y segundo, presentar planes para poder acceder a los beneficios económicos de la ley. Desde 2010 a 2012 hemos transferido $630 millones a las provincias. El 70 por ciento se destina a los propietarios de los predios que tiene planes de manejo, y el 30 por ciento restante para las autoridades de aplicación, con dos objetivos fundamentales: que puedan hacer monitoreo de los bosques y el apoyo a pequeños propietarios o a comunidades de pueblos originarios;
– Estamos pasando por una etapa donde damos apoyo para la construcción de las Direcciones de Bosques, que son las autoridades de aplicación locales, que no tenían capacidad –ni financiera ni técnica, como tampoco la teníamos nosotros- para ejecutar esta ley tan compleja. Para terminar quería señalar que el sector de bosques nativos recibe subsidios por primera vez en la historia. Hay una serie de incentivos extra para los bosques nativos que hay que difundir, como los programas vinculados con el Cambio Climático. Por eso hay que vincularse con las autoridades de cada jurisdicción y tratar de avanzar con eso. La composición de esta mesa refleja nuestra visión de que es necesario avanzar mancomunadamente con los sectores privados, con los sectores académicos (NdR: Estaba prevista la participación del decano de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, pero no pudo asistir), de los trabajadores y de las autoridades para llegar a una implementación eficiente y eficaz de esta ley”.
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Foto: Desarrollo Forestal.
