(Buenos Aires, 31 de agosto de 2010). El canciller argentino, Héctor Timerman, y su par uruguayo, Luis Almagro, firmaron el lunes 30 de agosto en el Palacio Santos, sede la diplomacia de Uruguay, el documento que establece los controles ambientales conjuntos sobre el río Uruguay. Asambleístas de Gualeguaychú mostraron “disconformidad” porque no se tomaron en cuenta ninguna de las propuestas acercadas a pedido de Cancillería.
Fue otro paso para reafirmar que el conflicto binacional por las plantas de celulosa es cosa del pasado: los cancilleres de Uruguay y de la Argentina estamparon el lunes su firma en el documento sobre los controles ambientales conjuntos sobre el río Uruguay, incluso dentro de la fábrica de la polémica: la planta de pasta de celulosa de la finlandesa UPM, ex Botnia. Pero eso tendrá sus límites.
"Para nosotros está terminado el conflicto con Uruguay", dijo el canciller argentino Héctor Timerman, tras la reunión que mantuvo con su colega oriental Luis Almagro, en el Palacio
Santos, sede la diplomacia de este país.
El acuerdo que fue formalizado con notas reversarles implica la creación de un comité científico que funcionará en la órbita de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y que estará compuesto por dos representantes científicos de cada país.
"Hemos normalizado las relaciones con Uruguay. Ahora se ponen a trabajar los científicos", afirmó Timerman apenas aterrizó en Uruguay, donde mantuvo un almuerzo de trabajo y una reunión con su par Luis Almagro, previo a la rúbrica del acuerdo.
El entendimiento establece un plazo de 60 días para que los científicos presenten su primer proyecto sobre el monitoreo, mientras que habrá un segundo plazo, de 150 días, para que brinden un proyecto integral, que abarque, además del río, el control ambiental de establecimientos sobre ambas márgenes.
El control ambiental, según establece el acuerdo, comenzará por la planta de UPM (ex Botnia) y seguirá con la desembocadura del río Gualeguaychú en el río Uruguay.
Luego continuará en Argentina, con un establecimiento o lugar a elección de la parte uruguaya y, a partir de entonces, seguirá alternativamente en uno y otro país.
Esto es fruto de que el gobierno de José Mujica cedió a la pretensión argentina de que los controles llegaran incluso al interior de la fábrica, pero también con los límites que puso el gobierno uruguayo. Los controles no los harán los científicos de ambos países, sino el mismo órgano que lo venía haciendo hasta ahora.
El monitoreo ambiental, cuando sea en territorio uruguayo, estará a cargo de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), un organismo dependiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Y el papel del comité de científicos será el de acompañar esa tarea. Este nuevo comité mantendrá la primera reunión pasado mañana en la CARU.
Representarán a la Argentina los científicos Juan Carlos Colombo y Guillermo Lyons, mientras que los investigadores designados por el Uruguay serán Eugenio Lorenzo y Alberto Nieto.
A partir de ese encuentro de autoridades y técnicos, los especialistas tendrán dos meses para definir el proyecto concreto del monitoreo y otro plazo mayor, de 150 días, para establecer un plan de monitoreo integral del río Uruguay.
"Hemos dado un paso muy fuerte para terminar de saldar este tema", dijo el canciller uruguayo Almagro, luego de la reunión con su colega argentino Timerman. Y expresó su "alegría" por "haber culminado un proceso largo e importante".
La negociación fue trabajosa y con la sombra de un posible fracaso, ante las posturas intransigentes que se sucedieron en el tiempo. El anterior presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, había definido que no se haría negociación alguna mientras el puente entre Fray Bentos y Gualeguaychú estuviera cortado por los militantes entrerrianos que rechazan la fábrica de celulosa.
Pero Mujica apeló a su capacidad de negociación y aprovechó el empuje dado por el fallo de la Corte de La Haya para encontrar un camino de acuerdo. Su amistad política con los Kirchner y la necesidad de ambos gobiernos de dar por terminado el conflicto derivaron en la solución que ayer quedó documentada.
Comienzo de los controles
Los controles comenzarán sobre la fábrica instalada en Fray Bentos (UPM, ex Botnia) y luego seguirán del lado argentino. "El objetivo común de estos monitoreos es poder alertar en forma temprana en caso de apartamientos de las normativas que sean de aplicación, ya sea en las condiciones de los efluentes o en las resultantes en el río Uruguay", indica el texto. No está previsto para cerrar Botnia si contamina, sino para tomar las "medidas pertinentes" si se observa alguna irregularidad.
La responsabilidad operativa de los controles quedará a cargo de Dinama. El acuerdo establece que "el Comité Científico ingresará a la Planta Orion (UPM, ex Botnia) acompañando a la Dinama, para desarrollar las determinaciones y toma de muestras de los efluentes", que serán realizadas por la delegación uruguaya y no por el comité científico.
Se aclaró en el acuerdo que se entregará copias a los científicos y se restringirá el ingreso a la planta del nuevo comité "hasta doce veces por año".
Disconformidad de asambleístas de Gualeguaychú
Los asambleístas de Gualeguaychú hablaron de "disconformidad", al referirse al acuerdo que firmaron los cancilleres argentino y uruguayo para el monitoreo conjunto de UPM (ex Botnia) y el río Uruguay.
"Hay muchas cosas que no están claras", dijo el asambleísta Jorge Fritzler. "La disconformidad existe porque no se tomaron en cuenta ninguna de las propuestas que hicimos ante el pedido de la Cancillería", agregó.
Fritzler, uno de los principales referentes de la organización colectiva ambiental, cuestionó que "se limiten los ingresos a la planta a 12 por año, cuando se pretendía un monitoreo permanente".
"Teníamos la esperanza de que se consideraran los nombres que propusimos para integrar el comité científico de monitoreo, cosa que no ocurrirá. No dudamos de ningún científico, sólo que si nos pidieron que aportemos nombres, creíamos que iban a ser tomados en cuenta", reprochó Fritzler.
El integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú puso en duda la intención del control acordado bilateralmente. "¿Cuál es la intención de este acuerdo que firmó Timerman? ¿Determinar la contaminación de la pastera para relocalizarla o mirar para otro lado y hacer todo para que la planta siga funcionando?", interrogó.
Fritzler apuntó: "La planta de celulosa es ilegal; llegó sin autorización y se puso a producir. La Argentina presentó pruebas en la Corte de La Haya y, sin embargo, Botnia sigue funcionando. Por eso creemos que debe cerrarse ya". Volvió a cuestionar el acuerdo firmado ayer entre los cancilleres Héctor Timerman y Luis Almagro.
Por su parte, en declaraciones a radio Máxima, de Gualeguaychú, el asambleísta José Pouler consideró que el acuerdo "es más de lo mismo", y recordó que el canciller Timerman "dijo el 19 de agosto pasado que en menos de un mes los científicos iban a estar dentro de Botnia. Se ve que no tenía mucha idea. La verdad que ese tipo de cosas nos generan desconfianza".
"Quisiéramos conocer la letra chica, y ojalá que tenga razón, que es un acuerdo ambiental histórico. Pero hemos escuchado muchas contradicciones", agregó el dirigente de la asamblea local.
Fuentes: La Nación y Télam.
Foto: Télam.
