El gobernador cordobés Juan Carlos Schiaretti declaró la “emergencia forestal” como consecuencia de los incendios forestales registrados en esa provincia. Afectaron a más de 100 mil hectáreas de bosques y pastizales en Córdoba. En tanto, en San Luis ardieron 150.000 hectáreas –tres muertos-; en Catamarca también se detectaron focos y aún resta determinar las hectáreas afectadas.
El cuadro de situación es diferente en las tres zonas, donde los incendios fueron intencionales. En Córdoba, los focos se reavivan constantemente, por lo que dotaciones de bomberos voluntarios con aviones hidrantes se ocupan de sofocar los incendios en montes y campos. Esta provincia sólo cuenta con 600.000 hectáreas de bosque nativo de las 12 millones de hectáreas que alguna tuvo. De manera que cualquier incendio afecta sustancialmente a la masa boscosa de esa región.
Por su parte, el jefe de la Dirección de Bomberos de la provincia de Catamarca, comisario Antonio Nieto, explicó a medio locales que “el fuego estaba controlado casi en un 90 por ciento pero se mantiene la vigilancia preventiva para evitar nuevos focos”.
Las consecuencias de los incendios que durante agosto y la primera semana de septiembre afectaron a la provincia de San Luis son muy graves para la naturaleza y la producción agro-forestal. Allí hubo tres muertos y más de 150.000 hectáreas arrasadas.
Las más de 250.000 hectáreas arrasadas por el fuego en Córdoba y San Luis equivalen a casi 13 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires, calculada en 20.000 hectáreas (200 kilómetros cuadrados).
Según estadísticas del Programa Nacional de Estadísticas Forestales, en 2006, se quemaron 62.000 hectáreas de campo; en 2005, una cifra similar; en 2004, 17.000; en 2003, 12.000; mientras que en 2002 la cifra fue de 127.000 hectáreas afectadas por incendios. Sólo en Calamuchita, las autoridades registraron 26 incendios de grandes magnitudes e intencionales. Además, en agosto fueron detenidas ocho personas acusadas de haber provocado fuegos.
Polémica por vertederos en Córdoba
A modo de evitar los incendios forestales, el gobernador Schiaretti anunció la creación de dos vertederos regionales en Calamuchita y en Punilla que demandarán una inversión de $14 millones. Esta medida fue criticada por el titular de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM), Raúl Montenegro, puesto que los fondos económicos para realizarlos se descontarían del presupuesto de Bomberos y de áreas de control. En diálogo con este medio Montenegro responsabilizó al secretario de Ambiente, Raúl Costa, y señaló que “los contribuyentes pagan para que haya mejor prevención y control de incendios, y se recuperen los ambientes quemados, no para que el gobierno favorezca el negocio de hacer basureros regionales”.
En la provincia de San Luis, el gobierno evalúa las perdidas con equipos técnicos y junto a las entidades agropecuarias con las que firmó un convenio para denunciar, perseguir y castigar a productores o personas que inicien los incendios. Además, los incendios descontrolados causaron la renuncia a su cargo del ministro de Medio Ambiente, Eduardo Gomina.
En esa provincia, las autoridades de manejo del fuego detectaron dos principales focos, uno en el paraje de Damiana Vega, un sitio serrano de las Comechingones, al norte de Merlo, donde dotaciones de bomberos intentan controlar las llamas en las quebradas. Ellos reciben la ayuda de un avión hidrante que tiene su centro de operaciones en el aeropuerto de Santa Rosa del Conlara, a 20 kilómetros del lugar. El otro frente de incendio está el paraje la Arenilla, a unos 60 kilómetros de San Luis cerca de la Carolina. Desde que comenzaron los incendios provocados, las llamas quemaron a fines de agosto la mayor y única reserva de palmeras Caranday en la zona de Papagallos.
Según trascendió, las hectáreas afectadas por los incendios forestales podrían cambiar de categoría en la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos Ambientales para la Protección de Bosques Nativos, conocida como ley “Bonasso”. Mientras que la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (COTBN) demanda que se aclare este punto antes de su reglamentación en la provincia cordobesa con el objetivo de evitar la quema intencional, desde el jefe del área de Bosques Nativos de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Córdoba, Santiago Martínez, aseguró a este medio que “el artículo 40 de la Ley 26.331 dice explícitamente que las áreas destinadas a preservación no se pueden transformar sino que deben ser recuperadas”.
Fotos: Gentileza La Voz del Interior.
Más información en Desarrollo Forestal impreso de septiembre (Año XIX, número 179).