(Buenos Aires, 28 de mayo de 2014). Con 227 votos, la Cámara baja convirtió en ley la semana pasada el proyecto oficial que reduce las contribuciones patronales de las microempresas para combatir el empleo en negro. El Frente de Izquierda y el macrista Federico Sturzenegger votaron en contra, informó Iprofesional.com a FAIMA.
Al cabo de un debate de 11 horas, la Cámara de Diputados convirtió en ley por amplia mayoría el proyecto enviado por la Casa Rosada que reduce los aportes patronales de microempresas para fomentar el empleo registrado y regularizar, según estimaciones oficiales, 650 mil trabajadores en dos años.
A diferencia del Senado, donde fue aprobada por unanimidad, la iniciativa contó con 227 votos a favor y tres en contra -dos del interbloque Frente de Izquierda y el macrista Federico Sturzenegger-. El bloque Unidad Popular, de Claudio Lozano, se abstuvo, al igual que Alcira Argumedo (Proyecto Sur).
Hubo advertencias por el impacto que tendría esta medida en el sistema previsional y la presión fiscal que hoy deben soportar las PyMEs, además de los niveles de trabajo en negro dentro de la propia estructura estatal.
Sin embargo, el oficialismo se encargó se asegurar que la norma no incidirá en los fondos de la ANSES ni tampoco afectará los derechos de los trabajadores, tal como sucedió hace dos décadas –cuando las rebajas de las cargas laborales eran para todos los empresarios, sin restricciones y con consecuencias sobre las indemnizaciones-.
El presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Héctor Recalde (FpV) abrió al debate y remarcó que el proyecto significa “un paso cualitativo” en el combate al trabajo en negro. “Nos podemos equivocar, pero nadie puede negar el rumbo que tiene este proyecto nacional, popular, democrático y latinoamericano”, enfatizó.
Como miembro informante del oficialismo, Recalde ponderó la creación de un “Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales” y la pérdida de beneficios a las empresas que no formalicen a sus empleados.
“Es importante este registro porque es público, y esto va a servir para el control popular”, señaló, y explicó que de esta manera el público podrá tener la opción de comprarle al empresario que no violó la norma.
En el mismo sentido, Carlos Heller (Nuevo Encuentro) indicó que la iniciativa apunta a “un segmento de empresas donde existe un alto grado de informalidad laboral” y negó que exista una similitud entre este régimen y el que implementó el menemismo.
El diputado y dirigente de SMATA Oscar Romero (FpV) se sumó a la defensa del proyecto al aseverar que “prioriza al trabajo digno sobre el capital” y “es un paso adelante tendiente a bajar el empleo precarizado”.
El rechazo más fuerte vino del Frente de Izquierda: Néstor Pitrola (PO), quien se ausentó a la hora de votar, negó que esta medida fomente el trabajo registrado y aseguró que “desfinancia” a la ANSES.
Por el contrario, reclamó una “verdadera ley de blanqueo laboral” y exigió “atacar el problema de los despidos y suspensiones”. Recordó además que “el movimiento obrero tiene una larga lucha contra el trabajo en negro y la explotación laboral”.
Asimismo, el legislador del FIT salió al cruce de las “grandes cúpulas sindicales (que) siguen haciendo la vista gorda con el trabajo en negro”. En ese sentido, afirmó que la construcción es uno de los sectores que más trabajadores informales tiene mientras que el líder de la UOCRA, Gerardo Martínez, “es el representante oficial de los trabajadores en la Organización Internacional del Trabajo” (OIT).
