La Corte Suprema de Justicia realiz\u00f3 una audiencia p\u00fablica por una denuncia que presentaron las comunidades wich\u00eds sobre la tala \u201cindiscriminada\u201d de bosques. En ese \u00e1mbito, diferentes autoridades del Gobierno nacional y salte\u00f1o se reunieron con representantes de las comunidades. Ahora el m\u00e1ximo tribunal debe resolver sobre la medida cautelar.<\/p>\n
En el \u00e1mbito de la primera audiencia p\u00fablica del a\u00f1o por la tala de bosques, los abogados de las nueve comunidades wich\u00eds afirmaron ante los miembros de la Corte que s\u00f3lo en la provincia de Salta, en los \u00faltimos diez a\u00f1os, se perdieron 12 mil kil\u00f3metros cuadrados de bosques nativos, esto es, 1,2 mill\u00f3n de hect\u00e1reas. La provincia de Salta tiene el 22 por ciento del reservorio total del pa\u00eds y de mantenerse esa tendencia, los bosques nativos se perder\u00edan en forma total en los pr\u00f3ximos 60 a\u00f1os. <\/p>\n
Los bosques nativos salte\u00f1os en discusi\u00f3n se encuentra aleda\u00f1os a la ruta nacional 86, que es un ancho camino de tierra ubicado en el norte de la provincia, comienza en Tartagal y, 170 kil\u00f3metros despu\u00e9s, finaliza en la frontera con Paraguay. En esa regi\u00f3n, el monte nativo y los pobladores originarios sobreviven a ambos lados de la ruta. Adem\u00e1s, es la zona m\u00e1s preciada por los grupos sojeros y madereros por las condiciones del suelo. <\/p>\n
La audiencia p\u00fablica se realiz\u00f3 el mi\u00e9rcoles 18 en el Palacio de Justicia de Capital Federal, una semana despu\u00e9s del aluvi\u00f3n que destroz\u00f3 la localidad de Tartagal, que seg\u00fan organizaciones ambientales fue originado por la tala indiscriminada. All\u00ed, autoridades de Salta admitieron que la provincia carece de datos sobre el impacto ambiental por el mill\u00f3n de hect\u00e1reas desforestadas en los \u00faltimos 10 a\u00f1os, un tercio de ellas en el departamento de San Mart\u00edn, cuya cabecera es Tartagal. <\/p>\n
Hist\u00f3ricamente, la defensa del monte nativo es realizada por las comunidades wich\u00ed, que resisten a base de la lucha activa. En diciembre de 2008, la Corte Suprema de Justicia orden\u00f3 el cese de los desmontes en las localidades de Or\u00e1n, San Mart\u00edn, Rivadavia y Santa Victoria autorizados en el \u00faltimo trimestre de 2007 y fij\u00f3 fecha para la audiencia de las partes. <\/p>\n
Mientras se estaba desarrollando la audiencia y momentos previos a ella, organizaciones ind\u00edgenas y criollas de Salta se mantuvieron en vigilia, luego de realizar una movilizaci\u00f3n desde la Plaza de Mayo hasta las puertas del Palacio de Justicia. <\/p>\n
Otro de los reclamos que elevaron a la Corte los representantes legales de las comunidades wich\u00eds fue la resoluci\u00f3n de una ley promulgada el 11 de diciembre pasado por el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, e impulsada por el senador provincial Alfredo Olmedo (Departamento Anta) que habilita pasar de un techo de 1.300.000 hect\u00e1reas de desmonte a m\u00e1s de 4.000.000 de hect\u00e1reas. Esta situaci\u00f3n ya hab\u00eda sido discutida en el \u00e1mbito de la Ley 26.331de Bosques Nativos, conocida como Ley Bonasso. <\/p>\n
En este sentido, la ley provincial contempla deforestar lugares con un 15 por ciento de pendiente, lo cual habilita la p\u00e9rdida de todo el ambiente conocido como selva pedemontana, mientras que antes de la Ley Bonasso el limite f\u00edsico impuesto para la deforestaci\u00f3n en pendientes era del 5 por ciento. <\/p>\n
Entre 2004 y 2007, los abor\u00edgenes denunciaron ante la corte que hubo "masivas e indiscriminadas" autorizaciones para llevar a cabo el desmonte y la tala, debido a que durante esos a\u00f1os se presentaron 195 solicitudes, de las cuales la secretar\u00eda de Medio Ambiente aval\u00f3 191 por un total de 807.509 hect\u00e1reas de bosque nativo. <\/p>\n
En nombre de las comunidades expuso el abogado Ra\u00fal Ferreyra, que trabaja junto con la ex defensora del pueblo de la ciudad de Buenos Aires Alicia Oliveira, y los pobladores Dino Salas y Alfredo Riera. Por el gobierno de Salta hablaron el fiscal de Estado, Ricardo Casali Rey, y el ministro de Ambiente, Julio Na-sser, mientras que el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Homero Bibiloni, lo hizo en nombre del gobierno nacional. <\/p>\n
En la audiencia, los ministros del alto tribunal Ricardo Lorenzetti (presidente), Elena Highton de Nolasco (vicepresidenta) y los vocales Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Ra\u00fal Zaffaroni y Carmen Argibay, interrogaron largamente a los expositores, sobre todo a los funcionarios de los dos gobiernos. <\/p>\n
Los representantes de Salta, en todo momento, insistieron en que las autorizaciones para los desmontes fueron firmadas por el gobierno anterior, encabezado por Juan Carlos Romero. La Corte reconoci\u00f3 esa situaci\u00f3n, pero record\u00f3 que la continuidad jur\u00eddica del Estado hace que el nuevo gobierno tenga que responder igual por lo ocurrido. <\/p>\n
Ahora la Corte tiene que decidir qu\u00e9 pasa con la medida cautelar y si asume la competencia en el tema o lo deriva a la Justicia Federal de Salta.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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