Provincia de Buenos Aires aprobó la reglamentación de la Ley 26.331

Bosque nativo
Bosque nativo ribereño en la zona de La Plata, capital provincial

La norma establece la “protección de sus 969.000 hectáreas” y prohíbe “el desmonte en el 80 por ciento de esa superficie” y “la modificación del uso del suelo”, informó Infocampo a Boletín Curí. A través de un decreto publicado este mes en el Boletín Oficial local, el gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó la reglamentación de la Ley 14.888 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que establece la “protección de sus 969.000 hectáreas” y prohíbe “el desmonte en el 80 por ciento de esa superficie” y “la modificación del uso del suelo”.

Se trata de la reglamentación de 30 artículos de los 46 que conforman a la normativa, que sancionó en diciembre la Legislatura provincial y se promulgó en enero. De esta manera, la autoridad de aplicación será el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Agroindustria, que deberán “aprobar o no las tareas que se desarrollen en esas áreas”. Según el texto de la iniciativa, los bosques nativos “que ocupan el 3 por ciento del territorio provincial, constituyen ecosistemas que brindan numerosos beneficios a la comunidad, como la conservación del suelo y la calidad del agua, la regulación hídrica, la fijación de emisión de gases con efecto invernadero y la conservación de la biodiversidad, servicios ambientales necesarios para el concierto y supervivencia del sistema natural y biológico”. Buenos Aires era la única provincia del país que no contaba con una norma legal específica para la protección de sus bosques, tal como exige la Ley Nacional Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Ahora, podrá acceder a los beneficios que brinda la Ley Nacional, mientras que los propietarios y tenedores de predios con bosque nativo tendrán acceso a financiamiento para sus actividades a través de la presentación de planes de conservación y manejo sostenible, que serán “propuestos y elaborados por profesionales”, y deberán contar “con el aval técnico de la autoridad local de aplicación”.

 

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